PRÓLOGO

En nuestro quehacer como organización popular, nos encontramos con situaciones de violencia que, ante el desconocimiento y la falta de información sobre cómo actuar, nos generaron la necesidad de crear herramientas que nos ayuden a combatir la violencia contra las mujeres en nuestro quehacer más cotidiano. A partir de esto, es que buscamos desnaturalizar relaciones y prácticas violentas, aportar al empoderamiento de las mujeres y compañeras e institucionalizar el cuidado y las formas de relacionarnos dentro y fuera de la militancia.

Este protocolo intenta ser una herramienta para la militancia, mujeres y disidencias sexuales que estén viviendo o conozcan situaciones de violencia, discriminación o acoso en razón de género, como así también, para colectivos sociales, populares e instituciones que estén atravesadas por esta problemática.

La violencia hacia las mujeres y las disidencias sexuales es una realidad que todos/as debemos combatir. Nuestra lucha por la erradicación de este tipo de violencia se sostiene necesariamente en exigencias al Estado, pero también en nuevas formas de empoderamiento que las mujeres y disidencias sexuales hemos encontrado para decidir y elegir vivir una vida plena, libre de violencias.

En razón de lo anterior, es fundamental identificar las prácticas que se reproducen en nuestros espacios de militancia, tales como:

  • La tolerancia a las agresiones sufridas por las mujeres, es decir, una naturalización y normalización de algunas formas de violencia estructural,
  • Tendencia a invisibilizar y no reaccionar frente a situaciones de violencia,
  • Reivindicación en términos formales del discurso feminista, más no en la práctica,
  • Visualización de las situaciones de violencia como una cuestión individual y no estructural o que debe ser responsabilidad colectiva,
  • Responsabilización de la mujer, justificación de la situación de violencia,
  • Visualización del agresor como un ser “enfermo” o “malo”, como si de esa forma se solucionara el problema.
  • Definición de “lo político” desde cánones masculinos,
  • Estigmatización de quienes asumen la tarea de desnaturalizar las conductas de violencia.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Este Protocolo rige a todos los actuales y nuevos militantes de Poder Ciudadano a lo largo y ancho del país. Además,  regirá todos los ámbitos de la vida del militante, entendiéndose por tal a todo aquel que se encuentre en el padrón debidamente afiliado o sea socialmente reconocido como militante del partido.

DEFINICIONES BÁSICAS

 VIOLENCIA: Es el uso intencional de la fuerza física o poder contra un/una mismo/a, hacia otra persona, grupo o comunidad y que tiene como consecuencias probables lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones del desarrollo, abandono e incluso muerte (OMS 2002). Es una problemática social, cultural y jurídica y como tal nos incumbe y atraviesa a todas las personas. Sin embargo, las mujeres y disidencias sexuales históricamente nos encontramos en relaciones de desigualdad respecto a los varones, por lo que somos objeto de múltiples violencias. La violencia hacia las mujeres y disidencias sexuales implica todo tipo de conductas, acciones u omisiones, que de manera directa o indirecta, y tanto en el ámbito público, como privado, afecten la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial de las mismas en el marco de estas relaciones desiguales.

VIOLENCIA DE GÉNERO: Todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psíquico, ya sea que ocurra en la esfera pública o privada.

VIOLENCIA SIMBÓLICA: La que a través de patrones y estereotipos, nos dicen “cómo debemos ser”. Es decir, cuando a través de mensajes, valores, íconos e imágenes, se transmite y reproduce dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer y disidencias sexuales en la sociedad. Incluye el desprecio y la burla por ser mujeres o por lo que hacen las mujeres; el temor o desconfianza y la justificación de la violencia o subordinación.

ACOSO SEXUAL: Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual, no consentido por parte de quien lo recibe, que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante, ofensivo u hostil.

ACOSO POR RAZÓN DE GÉNERO: Cualquier comportamiento realizado en función del género de una persona o grupo de personas, no consentido por parte de quien lo recibe, con el propósito o el efecto de atentar contra su/s dignidad/es y de crear un entorno intimidatorio, degradante, ofensivo u hostil. Asimismo, el condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de género, se considerará también acto de discriminación por razón de género.

DISCRIMINACIÓN: Se entenderá́ como un acto de discriminación cualquier acción u omisión que tenga por finalidad realizar distinción, exclusión o restricción al desenvolvimiento de una persona o derechamente afectando su dignidad, basado en motivos tales como la etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad.

PROCEDIMIENTO

Comisión: Para llevar a cabo el procedimiento establecido en el presente Protocolo, se constituirá una comisión de carácter temporal compuesta por 5 integrantes de nuestro Partido según el siguiente criterio distributivo: 2 integrantes del Consejo Político, 2 del Frente Feminista y la Vicepresidencia de Género y Diversidad Sexual.

La Comisión será presidida por la Vicepresidencia de Género y Diversidad Sexual, la cual tendrá la obligación de ir revisando la casilla de correos establecida para recibir las denuncias, y tendrá la obligación de ir informando sobre su recepción.

Respecto a la periodicidad de sus sesiones y otras cuestiones respecto a su funcionamiento, la Comisión deberá proponer a la parte afectada una metodología de trabajo que permita ir cumpliendo las funciones que este Protocolo les asigna.

Inhabilidades: En caso de que existan conflictos de interés respecto de algún miembro de la Comisión, dicho miembro podrá ser inhabilitado, a solicitud del mismo, de una de las partes, o de un tercero interesado en el procedimiento.

Los criterios para determinar el conflicto de interés serán, entre otros, los siguientes:

  • Relación de parentesco por consanguinidad o afinidad con las personas involucradas en la denuncia.
  • Relación conocida de amistad
  • Ser denunciado/a o denunciante.
  • Relación de subordinación de la denunciante respecto del miembro de la Comisión.

Consultas y/o denuncias. Las consultas y/o denuncias podrán ser realizadas por cualquier persona a la que asisten los derechos vulnerados por las situaciones que este Protocolo contempla y por un tercero con conocimiento directo de los hechos. En el caso de denuncias realizadas por terceros, estas deberán ser ratificadas por las personas directamente afectadas.

Las consultas y denuncias serán recibidas el correo contacto@partidopoder.cl y revisadas periódicamente. La vicepresidenta de Género y diversidad Sexual tendrá la obligación de acusar recibo de la denuncia en un plazo no mayor a 24 horas.

La persona consultante podrá denunciar la situación y requerir asesoramiento vía correo electrónico. En este caso, la encargada podrá optar entre responder la consulta vía correo electrónico o, en razón del mérito de la situación, proponer una entrevista personal/videollamada y así se lo hará saber a la persona consultante, quien podrá consentir o rechazarla. Asimismo, luego de un primer asesoramiento por vía electrónica, la consultante podrá a su vez solicitar una entrevista presencial/videollamada para lo cual se deberá señalar día y hora de entrevista dentro de los 5 días hábiles posteriores de recepcionada la solicitud, salvo que, por razones relativas a la consultante, se fije la entrevista en un plazo posterior.

La entrevista se realizará respetando un clima de privacidad e intimidad, con la opción de la consultante o denunciante de ser acompañada por quien estime conveniente.

Sobre todo lo actuado, sea electrónica o personalmente, se llevará registro escrito. Luego de la primera intervención, el encargado de acuerdo al contexto, la evaluación de pertinencia realizada y la manifestación de voluntad de la consultante, podrán optar por:

  1. Archivar el trámite en caso de no pertinencia de la situación;
  2. Hacer un seguimiento y asesorar sobre lo que fuera el motivo de la consulta, en caso que no se realizará denuncia;
  3. Acompañar la denuncia que decida realizar la consultante, de acuerdo a los términos siguientes.

Denuncia formal: Si con posterioridad al asesoramiento, la persona decide realizar una denuncia, la vicepresidenta remitirá los antecedentes a la Comisión creada especialmente para estos efectos la cual instruirá el inicio de una investigación.

Por su parte, la vicepresidenta de Género y Diversidad Sexual quedará a disposición de la persona denunciante durante todo el trámite de la denuncia, así como de las asesorías legales intervinientes con el objeto de orientar o sugerir aspectos que hacen a la especificidad de las situaciones de violencia y discriminación basadas en el género y la sexualidad.

Si la situación expuesta habilita la vía judicial la persona consultante podrá hacer uso o no de esa instancia, pero en ningún caso las acciones que deban tramitarse en el marco de este procedimiento interno podrán hacerse depender del inicio o del resultado de las acciones civiles y/o penales.

Inicio investigación: Una vez recibida la denuncia por parte de la Comisión, se iniciará la investigación de los hechos. La comisión deberá informar a la militancia del Partido involucradas del inicio de la investigación, así como también a los/as encargados/as de los espacios en que el denunciado/a milita. La investigación tendrá una duración de 15 días hábiles prorrogables otros 5 más.

Dicha comunicación deberá contener 1) los aspectos centrales de la denuncia, 2) fecha en que se inicia la investigación 3) información acerca de los plazos y las posibilidades de presentar prueba. También deberá realizarse comunicación si el período es prorrogado.

Las partes involucradas podrán solicitar la prórroga del plazo fundadamente, máximo una vez cada una. Toda prórroga será informada a ambas partes, explicando también las razones y el tiempo por el cual se ha prorrogado dicho plazo. Misma atribución tendrá la Comisión para prorrogar el plazo fundadamente.

Durante el período de investigación la Comisión tendrá la facultad de indagar sobre los hechos guardando la más estricta confidencialidad para respetar el derecho a la intimidad de todas/os las/os implicadas/os. Este deber de confidencialidad alcanza a las partes, quienes, al menos en el ámbito de la militancia, no podrán hacer públicas aquellas denuncias que están siendo investigadas.

Prueba: La Comisión podrá recepcionar todos los medios de pruebas que las partes presenten en la forma correspondiente dentro de plazo y podrá asimismo tomar las medidas cautelares que estime pertinente, así como también analizará aquellas que sean solicitadas por el/la denunciante.

Habrá plena prueba sobre aquellos hechos en que las partes estén contestes. Sobre los hechos controvertidos se podrá rendir prueba de la siguiente forma:

  • La prueba testimonial de las partes se tomará presencialmente dentro del plazo que dure la investigación. De ambas se levantará acta la cual deberá ser ratificada por la persona que declara. Existirán dentro de la comisión personas encargadas de comunicarse con denunciante y denunciado y de hacer acompañamiento.
  • Todas las demás pruebas, sean testimoniales o documentales, se ofrecerán dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde el inicio de la investigación vía correo electrónico contacto@partidopoder.cl y se rendirán dentro del plazo de 5 días hábiles (que corren desde el término del período para ofrecer la prueba hasta el término del período de investigación). La Comisión deberá comunicar a las partes el término de un plazo y el comienzo del siguiente.

La prueba será indiciaria.

Terminado el período de investigación la Comisión contará con un plazo de 5 días hábiles para enviar a las partes los puntos de prueba a controvertir.

Las partes, a su vez, contarán con un plazo de 5 días hábiles para hacer observaciones a la prueba rendida por la contraparte.

Será obligación de la parte que sus testigos presenten prueba en plazo que corresponde.

Decisión: Dentro de 10 días contados desde la fecha de término del plazo de la investigación, la comisión deberá sesionar y determinar: (1) si es aplicable este protocolo, (2) si los hechos constituyen una vulneración a los derechos y garantías que son explicitados a este protocolo, (3) en caso de ser afirmativo, qué sanción(es) debiese(n) ser aplicada(s). Si en dicha sesión no es posible deliberar, podrán sesionar una vez más. De dichas sesiones deberá llevarse registro escrito y dejando explícito el fundamento de la decisión adoptada y deberán ser informadas a las partes. Una vez tomada la decisión y fundamentada, deberá comunicársele en un plazo no mayor a 24 horas la decisión a las partes involucradas por correo electrónico, así como también a los/as encargados/as regionales, al Consejo Político y al Consejo General para la ejecución de las sanciones según corresponda.

Apelación: Dicha decisión podrá ser apelada ante La Comisión dentro de un plazo de 10 días hábiles desde que es enviada la comunicación, la cual tendrá la obligación de remitir todos los antecedentes a la Comisión de Apelación para su resolución.

La Comisión de Apelación estará conformada por 3 miembros de la Dirección Nacional, quienes no podrán ser actualmente miembros de la Comisión. La Comisión de Apelación tendrá a su vez 5 días hábiles para sesionar extraordinariamente y, con los antecedentes podrá determinar 1) si considera necesario realizar nuevas indagaciones, rigiéndose con los mismos principios de confidencialidad y respeto, o 2) decidir acerca de la apelación.

Dicha decisión deberá también ser fundada y notificada vía correo electrónico no más allá de 24 horas del término de la sesión a las partes, así como también a las/os encargadas/os políticos y orgánicos de los espacios de militancia del denunciado/a para aplicar las medidas según corresponda.

Medidas Cautelares. Durante el procedimiento podrá plantearse la adopción de medidas cautelares de protección cuando las circunstancias del caso así lo aconsejen, la organización del trabajo lo permita y los estatutos las contemplen dentro del marco de sanciones estipuladas en el Decreto con Fuerza de Ley Nº5 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.603 Orgánica Constitucional de Partidos Políticos. Podrán adoptarse las medidas que la Comisión estime pertinente,  por ejemplo:

  • Suspensión provisoria de la militancia
  • Aislamiento del denunciado/a de cualquier actividad pública donde participe la militancia.

En caso de investigaciones abiertas en otros organismos, así como también en el establecimiento de órdenes judiciales de alejamiento, se procederá a suspender de inmediato de la militancia al compañero sobre quien recae dicha medida.

Medidas de reparación: La persona afectada tendrá la posibilidad, según las circunstancias particulares del caso ameriten, a medidas de reparación tales como:

  • Disculpas públicas dentro de la militancia del agresor/a.
  • Apoyo psicológico y/o jurídico por el período que sea necesario por parte de la organización.
  • En caso de interrupción de sus actividades, facilidades en su inserción por parte de la organización.

Sanciones: Podrán ser tomadas las siguientes medidas disciplinarias, sea conjunta o alternativamente:

  1. Amonestación pública hacia el resto de la militancia en las plataformas del Partido.
  2. Imposibilidad de ejercer cargos de dirigencia social por un período determinado entre 6 meses y 3 años.
  3. Imposibilidad de ejercer cargos orgánicos de la organización por un período determinado entre 3 meses y 2 años.
  4. Suspensión de militancia desde 15 días hasta 1 año.
  5. Expulsión del Partido.

No habrá otras sanciones diferentes a las acá establecidas. Sobre la sanción y el procedimiento deberá ser notificado al finalizar al regional y al o la encargado/a  político de la persona involucrada.

Determinación sanciones: Al momento de determinar las sanciones, deberá considerarse, entre otros aspectos:

  • La gravedad del hecho.
  • Reiteración de la conducta.
  • La circunstancia de encontrarse la denunciante en una posición de asimetría o subordinación directa respecto del denunciado.
  • La circunstancia de ostentar el denunciado un cargo orgánico y social.
  • Intención de reparación del agresor, tales como disculpas públicas, intención de modificar su conducta, sometimiento a formación en temas de violencia de género.

En general, cada vez que el acoso que motiva la aplicación del protocolo se vuelva físico se sancionará al denunciado con la suspensión temporal de su militancia.

Algunas tareas de la comisión:

  • Identificar y contactar regionalmente abogados/as que puedan hacerse cargo de eventuales denuncias de carácter judicial.
  • Identificar y contactar regionalmente psicólogos que puedan eventualmente hacerse cargo de ayuda psicológica/ centros de ayuda.
  • Ir fijando actividades y proyectos que tiendan al cumplimiento de los objetivos fijados en este Protocolo.
  • Determinar las insuficiencias del procedimiento e informar para efectos de ir haciendo las modificaciones necesarias para su eficiente funcionamiento.